terça-feira, 31 de maio de 2011

Livro online: Law and Economics (Charles Goetz)

Excelente livro de Charles J. Goetz Law and Economics: Cases and Materials (2006)

Direito, Direitos e Custos

Derechos fundamentales y consecuencias económicas

Jardim do vizinho: O ativismo do TC da Colômbia

Rodrigo Uprimny Yepes

Os juízes e a luta contra a corrupção política e pela renovação das práticas políticas
Controle judicial da excepcionalidade jurídica e política
A proteção da autonomia pessoal e de minorias étnicas e culturais
As políticas em favor de populações estigmatizadas: presos e deslocados internos
A judicialização da política econômica e a proteção dos direitos sociais (moradia)


El activismo judicial progresista y exacerbado de la Corte Constitucional de Colombia se caracteriza, en suma, por la gran fe depositada en el poder de las normas constitucionales de transformar la realidad social y por su carácter decididamente contrahegemónico. Ciertamente, la Corte se ha alineado, en forma clara, con los grupos más oprimidos de la sociedad colombiana y ha abierto sus puertas y procedimientos a la discusión de los problemas e injusticias que históricamente han afectado al país. Con pulso seguro y afirmando aguerridamente su independencia a cada paso, la Corte Constitucional no ha dudado en enfrentar al gobierno, a los grupos económicos, a las fuerzas militares y a los medios de comunicación cuando la defensa de los valores, principios y derechos constitucionales así lo ha requerido.
(...). Dos ejemplos, entre varios posibles, ilustran cómo las decisiones de la Corte Constitucional se infiltran en la vida cotidiana y permiten la formación o el fortalecimiento de movimientos sociales que tienden a reconstruir y revitalizar el sistema político colombiano. El primer ejemplo, relacionado con el movimiento indígena colombiano, hace referencia al caso de un movimiento social que resultó fortalecido por la jurisprudencia constitucional. El segundo ejemplo, atinente al movimiento de los deudores hipotecarios, se refiere a un movimiento social que surgió enteramente con ocasión del activismo progresista de la Corte Constitucional.

Juan Manuel Acuña

SUMARIO: I. Introducción. II. Estado social y derechos sociales. Notas sobre el discurso tradicional. III. Derechos sociales, su estructura y variedades. IV. Estado constitucional, justicia constitucional y derechos fundamentales. V. La justicia constitucional ante los derechos sociales. La experiencia comparada. 1. La protección de los derechos sociales por vía del reforzamiento de la obligación de progresividad y de la prohibición de regresividad. 2. Protección de los derechos sociales por su conexidad con otros derechos fundamentales. 2.1. Conexidad con el derecho a la no discriminación. 2.2. Conexidad con el derecho al debido proceso.3. Protección a los derechos sociales por su carácter de condición necesaria para el disfrute de otros derechos fundamentales. 4. Los derechos sociales como derechos subjetivos. 5. Las jurisdicciones constitucionales y el control de la racionalidad de las políticas públicas. VI. A modo de conclusión. VII. Bibliografía

Sergio Claviio

El desarrollo económico y social en Colombia está amenazado, entre otros factores, por la “inestabilidad jurídica”, agravada ahora por el activismo de la Corte Constitucional durante los años 1994-2000. En este documento se ilustran los efectos económicos mas profundos que habrán de tener algunos de sus fallos. Argumentamos que el común denominador de los errores económicos de la Corte está en el detrimento de la distribución del ingreso, al usar criterios de supuesta igualdad, para casos que requerían tratamientos diferenciales. Este ha sido el caso de la reliquidación de los alivios hipotecarios, los controles permanentes a las tasas de interés en dichos créditos y la indexación de los salarios. Adicionalmente, estos fallos en materia salarial tornarán mas difícil la lucha contra la inflación, afectando negativamente la inversión y la generación de empleo. No solo por el respeto a la separación de poderes, sino porque es lo que le conviene al crecimiento de largo plazo del país, concluimos que deberían primar, como en los países desarrollados, los arreglos institucionales a través de los cuales las discrepancias en materia económica se dirimen, por excelencia, en el Congreso de la República.

Livro online: Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano 2009

ANUARIO DE DERECHO CONSTITUCIONAL LATINOAMÉRICANO 2009

Publicación anual del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer. Se especializa en derecho constitucional y publica también artículos relativos a otras ramas del derecho, tales como el derecho procesal constitucional, el derecho administrativo, derechos y garantías individuales, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho de la integración.



I. Derecho constitucional

- Horacio Andaluz (Bolivia), El derecho internacional en el sistema de fuentes: propuesta de artículos para la nueva Constitución de Bolivia (p. 15)
- Pablo Andrés Bonilla Hernández (Guatemala), La inconstitucionalidad por omisión: un proceso que clama por su institucionalización (p. 45)
- Jesús M. Casal H. (Venezuela), Las colisiones constitucionales en la reciente jurisprudencia constitucional (p. 65)
- Ruben Correa Freitas (Uruguay)Perfil comparativo del sistema judicial, en las constituciones uruguaya e italiana (p. 85)
- Roberto Islas Montes (México), Sobre el principio de legalidad (p. 97)
- Carlos D. Luque (Argentina), Un Tribunal Constitucional para la República Argentina: nociones sobre la conveniencia de su incorporación (p. 109)
- José Antonio Rivera S. (Bolivia), Reformas constitucionales y justicia constitucional (p. 125)
- Néstor Pedro Sagüés (Argentina), Notas sobre el poder constituyente irregular (p. 151)
- Hernán Salgado Pesantes (Ecuador), Proceso constituyente y transición en el Ecuador (p. 165)
- Humberto A. Sierra Porto (Colombia), La función de la Corte Constitucional en la protección de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación en Colombia (p. 179)
- Francisco Zúñiga Urbina (Chile), La acción de indemnización por error judicial Reforma constitucional y regulación infraconstitucional (p. 189)

II. Derecho procesal constitucional

- Natalia Bernal Cano (Colombia), Variaciones sobre una iniciativa de reforma de la justicia
constitucional en Colombia (p. 211)
- Eduardo Ferrer Mac-Gregor y Rubén Sánchez Gil (México), Cosa juzgada y precedente en la acción de inconstitucionalidad mexicana (p. 239)
- Christine Oliveira Peter da Silva e André Pires Gontijo (Brasil), O amicus curiae no processo constitucional: o papel do “amigo da Corte” na construção do decision-making no âmbito da Suprema Corte dos Estados Unidos (p. 261)
- César Landa (Perú), Autonomía procesal del Tribunal Constitucional: la experiencia del Perú (p. 277)
- Jânia Maria Lopes Saldanha e Angela Araújo da Silveira Espindola (Brasil), A Jurisdição constitucional e o caso da ADI 3510: Do modelo individualista e liberal ao modelo coletivo e democrático de processo (p. 311)
- Angela Cristina Pelicioli (Brasil), A sentença normativa na jurisdição constitucional brasileira (p. 329)
- Lautaro Ríos Álvarez (Chile), Análisis crítico de la acción de inconstitucionalidad en el derecho chileno, con referencias al derecho comparado (p. 349)
- Daniel Ustárroz (Brasil), A experiência do amicus curiae no direito brasileiro (p. 367)

III. Derechos y garantías individuales

Gilbert Armijo (Costa Rica), Poder económico y discriminación etaria: la tutela del adulto mayor como derecho humano emergente (p. 387)
- Emilssen González de Cancino (Colombia), Biotecnología, bioética y derecho en la jurisprudencia constitucional de América Latina (p. 405)
- Víctor E. Orozco Solano (Costa Rica), Breves notas sobre el derecho penal máximo o del enemigo y sus implicaciones sobre los principios constitucionales que rigen la justicia penal procesal y sustantiva (p. 433)
- María Sofía Sagüés (Argentina), Luces y sombras en los juicios al terror. El peregrinaje de la Suprema Corte de los Estados Unidos hacia el reconocimiento de la tutela judicial (p. 443)
- Geovana Tavares de Mattos (Brasil), A inconstitucionalidade da privatização dos presídios (p. 483)
- Karen van Rompaey (Uruguay), Salud global y derechos humanos: propiedad intelectual, derecho a la salud y acceso a los medicamentos (p. 497)
IV. Derechos humanos regionales e internacionales
- Elodia Almirón Prujel (Paraguay), Derechos fundamentales y su incidencia en el plexo constitucional de los Estados (p. 525)
- Wilson Engelmann (Brasil), Os avanços nanotecnológicos no século xxi: os direitos humanos e os desafios (éticos) da regulamentação jurídica (p. 541)
- André Luiz Cosme Ladeia (Brasil), A relativização da soberania em face da preservação dos direitos e garantias fundamentais (p. 559)
- Claudio Nash Rojas (Chile), Alcance del concepto de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes (p. 585)
- Leonardo Nemer Caldeira Brant e Larissa Campos de Oliveira Soares (Brasil), A inter-relação entre o direito internacional dos direitos humanos e o direito internacional humanitário na perspectiva universal e interamericana (p. 603)
- Torsten Stein (Alemania), Los diferentes niveles de protección de los derechos humanos en Europa (p. 621)

V. Derecho de la integración

- Víctor Bazán (Argentina), La integración supranacional y el federalismo en interacción: perspectivas y desafíos (p. 639)
- Waldemar Hummer (Austria), La elaboración de una Carta de los Derechos Fundamentales del Mercosur desde una perspectiva europea (p. 689)
- Alejandro Maldonado Aguirre (Guatemala), El Acta Fundacional de la Nación Centroamericana (p. 723)
- César Montaño Galarza (Ecuador), Relaciones jurídicas entre los tratados de libre comercio suscritos por Ecuador y el derecho comunitario andino (p. 741)
VI. Democracia y Estado de derecho
- Ramiro Ávila Santamaría (Ecuador), Del Estado legal de derecho al Estado constitucional de derechos y justicia (p. 775)
- Bruno J. R. Boaventura (Brasil), Uma contemporânea inserção da consolidação das Leis na re-legitimação das normas jurídicas (p. 795)
- Juan Colombo Campbell (Chile), La judiciabilidad de las cuestiones políticas (p. 815)
- J. Alberto del Real Alcalá (España), Alternativas de gestión del confl icto cultural en el Estado constitucional (p. 827)
- Augusto Durán Martínez (Uruguay), Otra vez sobre la inexistente presunción de legitimidad del acto administrativo (p. 845)
- Martín Risso Ferrand (Uruguay), Desafíos del Estado de derecho (p. 863)
- Rupert Scholz (Alemania), El Estado democrático de derecho como mandato internacional político y constitucional contra el terrorismo, el extremismo y la criminalidad organizada (p. 879)
- Renato Selayaram (Brasil), La construcción de los derechos humanos (p. 889)

Acesse aqui

Livro online: Balanço sobre direitos sociais (Cepal)

Livro com os debates da CEPAL sobre direitos sociais
Leia na íntegra aqui

terça-feira, 17 de maio de 2011

Há duplo grau de 'jurisdição' em matéria administrativa?

Demarcação de terra indígena: Prazo e processo

Qual a natureza do prazo previsto no artigo 67 do ADCT (A União concluirá a demarcação das terras indígenas no prazo de cinco anos a partir da promulgação da Constituição)?

Meramente indicativo, não possuindo natureza decadencial. De acordo com o STF, a norma do artigo 67 do ADCT é meramente programática. Cabe ao órgão administrativo competente procedar às demarcações dentro de um prazo razoável. Pleno. MS 24.566/DF. Rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 22/3/2004.

O procedimento de demarcação de TI não se rege pela Lei 9.784/1999 (Lei Geral do Processo Administrativo Federal), mas pelo Estatuto do Índio (Lei 6.001/1973), legislação específica sobre a matéria. 1a Turma. RMS 26212/DF. Rel. Min. Ricardo Lewandowski. julgamento em 3/5/2011.

sábado, 7 de maio de 2011

Injustiça na teoria democrática: Clive Barnett


Post-Marxist and poststructuralist ontologies of the political have been important reference points for recent discussions of democracy in critical human geography and related fields. This paper considers the conceptual placement of contestation in a strand of democratic theory often denigrated by these approaches, namely theories of deliberative democracy informed by post-Habermasian Critical Theory. It is argued that this concern with contestation derives from a focus on the relationships between different rationalities of action. Continue a ler "Situating the geographies of injustice in democratic theory" [Clive Barnett]

Gustavo Zagrebelsky: A origem da Constituição

quinta-feira, 5 de maio de 2011

O emo-comunitarismo naturalista de Ayres Britto no caso de união homoafetiva

No voto que Carlos Ayres Britto apresentou no julgamento da ADPF 132/RJ e ADI 4277/DF, sobre o reconhecimento jurídico da união homoafetiva como unidade familiar, é possível encontrar elementos que denotam um compromisso com diversas correntes do pensamento jurídico. Desde o normativismo kelseniano, à sistematicidade eficaciante de Müller, passando pelo ingrediente emotivista e comunitarista do Direito.

O argumento central

A liberdade sexual, decorrente da dignidade humana, da vedação de discriminação sexual, da legalidade, da intimidade e vida privada, e da procura republicana do bem de todos, associada ainda à ausência de expressa diferenciação de tratamento dispensado pelo texto da Constituição sobre família e orientação sexual, autoriza a identificar a união homoafetiva como entidade familiar.


Liberdade sexual como decorrência de um conjunto de direitos fundamentais

a) vedação de discriminação por sexo

A liberdade sexual é o livre usar da sexualidade, orientação e autodeterminação: Um tipo de liberdade que é, em si e por si, um autêntico bem de personalidade. Um dado elementar da criatura humana em sua intrínseca dignidade de universo à parte. Algo já transposto ou catapultado para a inviolável esfera da autonomia de vontade do indivíduo, na medida em que sentido e praticado como elemento da compostura anímica e psicofísica (volta-se a dizer) do ser humano em busca de sua plenitude existencial. (item 19, p. 18).

Autoriza-se a defender não só a orientação sexual livre, mas também a transexualidade, embora não tenha dito literalmente: seja qual for a preferência sexual das pessoas, a qualificação dessa preferência como conduta juridicamente lícita se dá por antecipação (...). A não ser quando a sexualidade de uma pessoa é manejada para negar a sexualidade da outra, como sucede, por exemplo, com essa ignominiosa violência a que o Direito apõe o rótulo de estupro. Ou com o desvario ético-social da pedofilia e do incesto. Ou quando resvalar para a zona legalmente proibida do concubinato. (item 20, p. 19-20). Há uma entrega à determinação axiológica, como vemos.

b) Fundamento republicano do bem de todos

O fundamento constitucional da República de procura do bem de todos, sem preconceito de sexo, inclusive, reforça a ideia contradiscriminatória e de liberdade sexual: “Bem de todos” (...) constitucionalmente versado como uma situação jurídica ativa a que se chega pela eliminação do preconceito de sexo (item 13, p. 11). Que é preconceito? Mais que juízo prévio, é juízo de valor não autorizado pela realidade, mas imposto a ela (item 14, p. 12-13).

c) Dignidade da pessoa humana

A liberdade ou autodeterminação sexual é emanação da dignidade humana: Óbvio que, nessa altaneira posição de direito fundamental e bem de personalidade, a preferência sexual se põe como direta emanação do princípio da “dignidade da pessoa humana” (inciso III do art. 1º da CF), e, assim, poderoso fator de afirmação e elevação pessoal. De auto-estima no mais elevado ponto da consciência (item 21, p. 20).

d) Direito à intimidade e à vida privada

A liberdade sexual do ser humano somente deixaria de se inscrever no âmbito de incidência desses últimos dispositivos constitucionais (inciso X e §1º do art. 5º), se houvesse enunciação igualmente constitucional em sentido diverso. Coisa que não existe (item 24, p. 22).
A dimensão da sexualidade jurídica é protegida, portanto, em dois aspectos: I - sob a forma de direito à intimidade, se visualizada pelo prisma da abstenção, ou, então, do solitário desfrute (onanismo); e II – sob a forma de direito à privacidade, se a visualização já ocorrer pelo ângulo do intercurso ou emparceirado desfrute (plano da intersubjetividade, por conseguinte). (Item 22, p. 21). Curiosa e importante distinção que deveria ter mais bem reproduzido o texto da Constituição, para mencionar intimidade e vida privada (art. 5o, X)

e) Legalidade ou permissão fraca

A liberdade sexual é também decorrência da liberdade geral ou do princípio da legalidade - permissão em sentido fraco (art. 5o, XII): [A Constituição] não se refere explicitamente à subjetividade das pessoas para optar pelo não-uso puro e simples do seu aparelho genital (absenteísmo sexual ou voto de castidade), para usá-lo solitariamente (onanismo), ou, por fim, para utilizá-lo por modo emparceirado. Logo, a Constituição entrega o empírico desempenho de tais funções sexuais ao livre arbítrio de cada
pessoa, pois o silêncio normativo, aqui, atua como absoluto respeito a algo que, nos animais em geral e nos seres humanos em particular, se define como instintivo ou da própria natureza das coisas (item 18, p. 16).

As orientações filosóficas denunciadas pela argumentação

É interessante o exame das orientações filosóficas denunciadas pela sua argumentação. Um misto de normativismo, com a referência a Kelsen (itens 17 e 18, p. 15), domesticado pela ideia de efetividade constitucional, fundada nas leituras de Müller (item 28, p. 30-31), por um certo "naturalismo", associado ao conceito de sexualidade, e por um apelo mais retórico do que efetivo (pelo menos para os propósitos interpretativos) ao comunitarismo. O sentido desse comunitarismo não é aquele referendário da tradição, ao estilo MacIntyre, mas o de matriz organicista, a tomar a família como centro da organização social. Como disse, sua compreensão comunitária tem apenas valor retórico. Na verdade, busca o reforço de uma sistematicidade interpretativa que tem a família como gênero comunitário que pode ter o casamento civil tradicional como uma e apenas uma de suas manifestações.

O naturalismo da sexualidade

O sexo das pessoas, salvo expressa disposição constitucional em contrário, não se presta como fator de desigualação jurídica. É como dizer: o que se tem no dispositivo constitucional aqui
reproduzido em nota de rodapé (inciso IV do art 3º[Fundamento da República promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação].). (item 12, p. 10).


Sexo e libido: “Instinto sexual ou
libido”, como prosaicamente falado, a
retratar o fato da indissociabilidade ou
unidade incindível entre o aparelho genital
da pessoa humana e essa pessoa mesma. (item 16, p. 14).

Sexo, funções e sua institucionalização pelo Direito:
em tema do concreto uso do sexo nas três citadas funções de estimulação erótica, conjunção carnal e reprodução biológica, a Constituição brasileira opera por um intencional silêncio. [De modo que] “tudo que não estiver juridicamente proibido, ou obrigado, está juridicamente permitido” (item 18, p. 15-16)
.
A razoável submissão do Direito ao instinto (emotivismo jurídico)

Para Carlos Ayres, o Direito não é produto da razão cartesiana, mas de um juízo de razoabilidade e proporcionalidade dos sentimentos e instintos humanos: Direito uma técnica de controle social (a mais engenhosa de todas), busca submeter, nos limites da razoabilidade e da proporcionalidade, as relações deflagradas a partir dos sentimentos e dos próprios instintos humanos às normas que lhe servem de repertório e essência (item 17, p. 15).

Conceito de família constitucionalmente protegida (art. 226)

Família [é tomada] em seu coloquial ou proverbial significado de núcleo doméstico, pouco importando se formal ou informalmente constituída, ou se integrada por casais heterossexuais ou por pessoas assumidamente homoafetivas. Logo, família como fato cultural e espiritual ao mesmo tempo (não necessariamente como fato biológico) (p. 30-31).

Em outro ponto, destaca: O Magno Texto Federal [não] a subordin[a] a outro requisito de formação que não a faticidade em si da sua realidade como autonomizado conjunto doméstico (item 28. p. 30). Refere-se aos arts. 7º, IV; 5º, XII, XXVI, LXII e LXIII; 191; 201, IV e §12; 203; 205 e 221, IV, CRFB.

E o §1º do art. 183, Ministro, "O título de domínio e a concessão de uso [da terra usucapida] serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil"? Exceção que confirma a regra.

Num solitário parágrafo §1º do art. 183, referir-se à dicotomia básica do homem e da 32 mulher, mas, ainda assim: a) como forma especial de equiparação da importância jurídica do respectivo labor masculino e feminino; b) como resposta normativa ao fato de que, não raro, o marido ou companheiro abandona o lar e com mais facilidade se predispõe a negociar seu título de domínio ou de concessão de uso daquele bem imóvel até então ocupado pelo casal. Base de inspiração ou vetores que já obedecem a um outro tipo de serviência a valores que não se hierarquizam em função da heteroafetividade ou da homoafetividade das pessoas (p. 31-32).

E a menção do art. 226 apenas a homem e mulher “Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher”? Estratégia de reforço normativo a um mais eficiente combate àquela renitência patriarcal dos nossos costumes. Só e só, pois esse combate mais eficaz ao preconceito que teimosamente persiste para inferiorizar a mulher perante o homem (...). nada tendo a ver com a dicotomia da heteroafetividade e da homoafetividade(item 35, p. 42-43)

Importância sociológica da família

Espaço ideal das mais
duradouras, afetivas, solidárias ou
espiritualizadas relações humanas de índole
privada.
O que a credencia como base da sociedade, pois também a sociedade se deseja assim estável, afetiva, solidária e espiritualmente estruturada (não sendo por outra razão que Rui Barbosa definia a família como “a Pátria amplificada”). (...). Espécie de locomotiva social ou cadinho em que se tempera o próprio caráter dos seus individualizados membros e se chega à serena compreensão de que ali é verdadeiramente o espaço do mais entranhado afeto e desatada cooperação
.
(item 30, p. 33-34).

Nítida inspiração comunitarista que se projeta na interpretação constitucional:

É desse anímico e cultural conceito de família que se orna a cabeça do art. 226 da Constituição. Donde a sua literal categorização com “base da sociedade” (p. 34-35).

O caput deve pautar a interpretação de todo o capítulo

Artigos que têm por objeto os institutos do casamento civil, da união estável, do planejamento familiar, da adoção, etc., todos eles somente apreendidos na inteireza da respectiva compostura e funcionalidade na medida em que imersos no continente (reitere-se o uso da metáfora) em que a instituição da família consiste (item 31, p. 35).

Importância jurídica da família: principal centro de concreção dos direitos fundamentais

Até porque esse núcleo familiar é o principal lócus de concreção dos direitos fundamentais que a própria Constituição designa por “intimidade e vida privada” (inciso X do art. 5º), além de, já numa dimensão de moradia, se constituir no asilo “inviolável do indivíduo”, consoante dicção do inciso XI (item 29, p. 33). No item 32, Carlos Ayres aponta alguns deles: art. 205, 227, 230 (p. 35-36).

Família e casamento

Prescindibilidade. Se, na Carta Política vencida, toda a ênfase protetiva era para o casamento, visto que ele açambarcava a família como entidade, agora, na Constituição vencedora, a ênfase tutelar se desloca para a instituição da família 40 mesma. Família que pode prosseguir, se houver descendentes ou então agregados, com a eventual dissolução do casamento (vai-se o casamento, fica a família). (item 35, p. 39-40).

Família ou famílias?


A família é constituída de diversos modos, dando a Constituição preferência ao casamento, a ponto de estipular um dever legislativo de conversão da unidade familiar fática entre um homem e uma mulher em casamento (civil - §1º do art. 226), certo Ministro? Essa vertente constitucional de incentivo ao casamento como forma de reverência à tradição sócio-cultural-religiosa do mundo ocidental de que o Brasil faz parte (§1º do art. 226 da CF), sabido que o casamento civil brasileiro tem sido protagonizado por pessoas de sexos diferentes, até hoje. Casamento civil, aliás, regrado pela Constituição Federal sem a menor referência aos substantivos “homem” e “mulher” (p. 41-42).

Ao notar o risco da observação, ele a corrige em seguida, a equiparar casamento e unidade familiar: a expressão “entidade familiar” não foi usada para designar um tipo inferior de unidade doméstica, porque apenas a meio caminho da família que se forma pelo casamento civil. Não foi e não é isso, pois inexiste essa figura da sub-família, família de segunda classe ou família “mais ou menos” (item 35, p. 44).

Curioso circunlóquio faz, num exercício de argumentação sistemática, para demonstrar a tese da paridade: se a família, como entidade que é, não se inclui no rol das “entidades associativas” (inciso XXI do art. 5º da CF), nem se constitui em “entidade de classe” (alínea b do inciso XXI do mesmo art. 5º), “entidades governamentais” (ainda esse art. 5º, alínea A do inciso 45 LXXII), “entidades sindicais” (alínea c do inciso III do art. 150), “entidades beneficentes de assistência social” (§7º do art. 195), “entidades filantrópicas” (§1º do art. 199), ou em nenhuma outra tipologia de entidades a que abundantemente se reporta a nossa Constituição, ela, família, só pode ser uma “entidade ... familiar” (p. 44-45).

Nova tautologia incorre em seguida: não se proíbe nada a ninguém senão em face de um direito ou de proteção de um interesse de outrem (p. 46). Claro está que não há proibição sem benefício ou beneficiário. Adiante, ainda, vislumbra outra forma de família ou de "unidade familiar", a monoparental (art. 226, §4º), ou a “comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes” (p. 47).

União homoafetiva e adoção

Possibilidade. Embora não fosse objeto direto das ações, o Ministro já antecipou seu pensamento a respeito: A Constituição Federal remete à lei a incumbência de dispor sobre a assistência do Poder Público à adoção, inclusive pelo estabelecimento de casos e condições da sua (dela, adoção)
efetivação por parte de estrangeiros (§5º do art. 227); E também nessa parte do seu estoque normativo não abre distinção entre adotante “homo” ou “heteroafetivo”. E como possibilita a adoção por uma só pessoa adulta, também sem distinguir entre o adotante solteiro e o adotante casado, ou então em regime de união estável, penso aplicar-se ao tema o mesmo raciocínio de proibição do preconceito e da regra do inciso II do art. 5º da CF, combinadamente com o inciso IV do art. 3º e o §1º do art. 5º da Constituição.(item 36, p. 48).

Conclusivamente

Pedido de “interpretação conforme à Constituição” do dispositivo legal impugnado (art. 1.723 do Código Civil), porquanto nela mesma, Constituição, é que se encontram as decisivas respostas
para o tratamento jurídico a ser conferido às uniões homoafetivas que se caracterizem por sua durabilidade, conhecimento do público (não-clandestinidade, portanto) e continuidade, além do propósito ou verdadeiro anseio de constituição de uma família. (item 7, p. 7).

Leia o voto na íntegra aqui

segunda-feira, 2 de maio de 2011

Tripla contingência


Muito bom artigo sobre o diálogo entre Parsons, Luhmann e HabermasTriple contingency: the theoretical problem of the public in communication societies (Strydom)


Abstract This paper seeks to show that the proposition of ‘double contingency’ introduced by Parsons and defended by Luhmann and Habermas is insufficient under the conditions of contemporary communication societies. In the latter context, the increasing differentiation and organization of communication processes eventuated in the recognition of the epistemic authority of the public, which in turn compels us to conceptualize a new level of contingency. A first step is therefore taken to capture the role of the public in communication societies theoretically by what may be called ‘triple contingency’. Since the process of the definition of reality and its outcome, to which the response of the public is central, is best seen in constructivist terms, attention is also paid to relevant methodological and epistemological questions.

Leia na íntegra aqui

Soberania, Estado e Direito Internacional. Cohen e MacCormick

Dois artigos tratam do assunto da relativização do conceito de soberania no

Whose Sovereignty? Empire Versus International Law (Jean L. Cohen)

This article focuses on the impact of globalization on international law and the discourse of sovereignty. We have been hearing for quite some time that state sovereignty is being undermined. The transnational character of “risks,” from ecological problems to terrorism, including the commodification of weapons of mass destruction, highlights the apparent lack of control of the modern nation-state over its own territory, borders, and the dangers that its citizens face.


Leia na íntegra aqui

Beyond the Sovereign State (Neil MacCormick)


There is a widespread, but perhaps misguided, belief that there are a lot of sovereign states in the world, that this is a good thing, that the United Kingdom is one, and that it will be a bad thing if the UK ceases to be so. It is also a majority view that if the United Kingdom has a constitution at all, its central pillar is the principle of the sovereignty of Parliament. No sovereignty, no constitution; no constitution, no UK. There are perhaps a few wobbles as to where exactly sovereignty resides. Has not the Prime Minister recently assured the House of Commons that the 'Sovereignty of this House' is in no way infringed by the Maastricht Treaty?' But anyway, sovereignty is thought mightily important, and always somewhere to be found on the legal-political stage. The only issue is where.

Leia na íntegra aqui


Em torno de Niklas Luhmann

De Luhmann

Sobre Luhmann

Multiculturalismo e os limites do liberalismo pós-moderno


CLASSIC liberalism, going back to Locke, used the mechanisms and concepts of modern law to tame political power and put it at the service of the preeminent goal of protecting the pre-political freedom of the individual member of society. The core of a liberal constitution is the guarantee of equal individual liberties for everyone. This corresponds to Kant’s “Universal Principle of Right,”
according to which, “the freedom of choice of each can co-exist with everyone’s freedom according to a universal law.” Even the “rule of the people” remains an instrument of the “rule of law.” The political autonomy of citizens is not an end in itself; rather, it is a means of safeguarding the equal private autonomy of members of society.


Leia na íntegra do artigo de Jürgen Habermas Equal Treatment of Cultures and the Limits of Postmodern Liberalism aqui

Law, Morality, and Politics (Teubner)

Leia na íntegra o artigo De Collisione Discursuum: Communicative Rationalities in Law, Morality, and Politics de Günhter Teubner

Cadernos de Gestão Pública

Índice dos Cadernos Gestão Pública e Cidadania Jan./Junho de 2009 – Vol 14. Número 54

A conversação cívica sobre o Bolsa Família: contribuições para a construção da cidadania e da autonomia política de mulheres pobres
Ângela Cristina Salgueiro Marques ______________________________11

Poder Judiciário e políticas públicas de saúde: participação democrática e equidade Daniel Wei Liang Wang ______________________________________51

Implicações e impasses do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) no semiárido baiano (1997-2008)
Aline dos Santos Lima ______________________________________ 89

The decline of pay inequality in Argentina and Brazil following the crises and retreat from the neo-liberal model
James K. Galbraith, Laura Spagnolo e Sergio Pinto __________________ 123

Burocracia, discricionariedade e democracia: alternativas para o dilema entre controle do poder administrativo e capacidade de implementação
Roberto Rocha Coelho Pires __________________________________ 147

Interesses e recursos na rede de poder láctea: uma abordagem estrutural
Jeovan de Carvalho Figueiredo ______________________________ 189

Visões da organização do trabalho: burocracia, taylorismo-fordismo, psicodinâmica do trabalho e a Proposta da Comissão de Procedimentos Operacionais da Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte – BHTRANS
João Cesar Freitas Fonseca/Ricardo Vinicius Cornélio de Carvalho__ 21

Leia na íntegra aqui

Ambiente Jurídico: Revista de investigação sociojurídica (na íntegra)

Índice da Revista Ambiente Jurídico Edición Nº 9, Noviembre de 2007

Ciencia práctica y prudencia en John Finnis Aproximaciones preliminares a la problemática ........................... 19
Carlos Massini

Idealismo constitucional no pensamento de Oliveira Vianna (1920-1930): uma crítica ao liberalismo brasileiro ........................ 39
Samuel Martins Santos

El principio “Ley de la ventaja” y la regla de indignidad sucesoria .............................................. 63
José Calvo González

Attualità dello stato di diritto. Una sintesi storico-analitica ............ 79
Giorgio Federico Siboni

El poder constituyente: su sentido y alcance actual...................... 95
Luís María Bandieri

Un letrado exitoso en los andes coloniales. La carrera de Polo Ondegardo como político, negociante y etnógrafo (siglo xVI)
Teodoro Hampe Martínez ................................................... 125

Sócrates y la obediencia al derecho ......................................... 153
Ricardo Víctor Guarinoni

Un marco de comprensión del avance de la investigación jurídica en Colombia ................................... 165
Andrés Botero Bernal

Resistencia a las políticas afirmativas: el lado oscuro del uso benigno de la raza.................................. 199
Paula Andrea Ramírez Monsalve

Derecho, de la técnica a lo social ..............................................215
Carlos Alberto Davila Cruz

Leia aqui

Orden Jurídico Y Poder Políticos en el Antiguo Régimeriga)


La historia y configuración del poder político en el tiempo largo que precede a las revoluciones liberales ha sido objeto principal de la historiografía jurídica europea desde comienzos del siglo XIX y motivo de constante debate durante las últimas décadas del XX, al calor entonces de la construcción y ahora de la crisis del Estado nacional.

La vinculación entre aquella historiografía y estos procesos históricos no es en absoluto casual y si fuera necesario podría explicarse fácilmente, recordando que los historiadores se ocupan del pasado (la historia), pero viven en el presente y al presente pertenece su obra. No sería exagerado decir que, tal como la entendemos, la historiografía del derecho nació como parte del complejísimo proceso de construcción estatal –lo que para el caso es tanto como decir nacional- que llena buena parte del siglo XIX europeo: ésta es la matriz de la que arranca, y a la que sirve, nuestra tradición disciplinar, todavía hoy pujante.

Leia na íntegra aqui

Potenza Nuda? Sovereignty, Biopolitics, Capitalism (Brett Neilson)

In part 3.2 of Homo Sacer, Giorgio Agamben raises serious concerns about the conception of constituent power elaborated by Antonio Negri. Quoting from Negriʼs 1992 text Il potere constituente, Agamben turns to Aristotleʼs Metaphysics to argue for the impossibility of isolating the revolutionary potential of constituent power from the constituted forms of sovereign power. He writes: “Until a new and coherent ontology of potentiality… has replaced the ontology founded on the primacy of actuality and its relation to potentiality, a political theory freed from the aporias of sovereignty remains unthinkable.”

At stake is a radical rejection of Negriʼs Spinoza-based view of absolute democracy as immanent in the desire of the multitude and separable from the formal structures of constituted power. This criticism, which opens a point of contention between two of Italyʼs most prominent political thinkers, attracts Negriʼs response in a variety of contexts, sometimes directly and at others more allusively. Tracing this response through Hardt and Negriʼs Empire, Negriʼs 2001 essay “Il mostro politico. Nuda vita e potenza,” the introduction to the 2002 Italian reissue of Il potere constituente, and Negriʼs 2003 review of Agambenʼs Stato di eccezione, the present paper explores the divergent theoretical and political positions implied by this disagreement. Without adjudicating the matter or seeking to derive a via media, the aim is to interrogate the biopolitical
complexities inherent in the notion of potentiality and to explore their relevance for contemporary practical-political struggles. To this end, reference is made to the work of Paolo Virno, another Italian philosopher whose thought bears strong affinities to that of both Agamben and Negri, but which develops the notion of potentiality in an altogether more challenging and politically enabling direction.

Leia na íntegra aqui